LA REFORMA AGRARIA Y EL PROYECTO COLECTIVIZADOR EN VILLACARRILLO. (Primera parte)

 

DSC01240

INTRODUCCIÓN

 El estudio del proceso revolucionario español, iniciado en julio de 1936, se ha convertido en una sucesión de tópicos que lo han reducido a la simplicidad por no hacer uso de la empatía con los protagonistas del movimiento revolucionario de aquel momento; unas veces por la inquina ideológica de quienes fueron adversarios de un proceso de transformación social que superaba cualquier otro iniciado en el mundo, y otras, por el inmovilismo que representaba haber alcanzado una democracia que se demostró insuficiente para una gran parte de la población.

Con la llegada de la segunda República, llegan muchas esperanzas a los jornaleros que aspiran a una mejor vida.

Los nuevos dirigentes deseaban una reforma progresiva de la España atrasada en que se vivía, reforma que les llevara hacía la libertad deseada y hacia la propiedad de los medios de producción que les había estado negada hasta ese momento.

En el Gobierno Provisional instaurado el 14 de Abril de 1931, el Partido Socialista  estaba representado por tres Ministerios, Indalécio Prieto (Hacienda), Fernándo de los Ríos (Justicia) y Francisco Largo Caballero (Trabajo); teniendo el PSOE en sus manos los ministerios clave para las reformas sociales del programa de gobierno.

Hasta la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, el 9 de septiembre de 1932, el gobierno va elaborando una serie de Decretos preparatorios a la citada Ley  que son los siguientes:

Decreto del 28 de Abril de 1931,  promulgado por el Ministro de Justicia del Gobierno Provisional. Mediante este decreto:

  • Se prohibía a los propietarios de tierras que echaran a los campesinos que arrendaban las mismas.

Con respecto a las tierras arrendadas, los propietarios pretenden recuperarlas ya que temían  que la Reforma Agraria les dejara sin ellas; ante esto, el día 29 de abril de 1931, se promulga un nuevo Decreto;  con el que  se evitaba la expulsión de tierras arrendadas cuya renta no excediera de 1.500 pesetas anuales, a menos que se tratara de deudas pendientes de pago. De esta manera se evitaba la cancelación masiva de contratos de arrendamiento por parte de los propietarios.

A los arrendatarios que abandonaran voluntariamente  sus tierras, se les dio el derecho de exigir el pago de cualquier mejora necesaria que hubieran realizado en ellas.

  • Se aplicaba también a los jornaleros las jornadas de 8 horas ya conseguidas por los obreros industriales.

Para obligar a los propietarios a dar trabajo e los braceros, el Gobierno publica el  Decreto el 7 de mayo de 1931, sobre  laboreo forzoso:

Este decreto determinaba que la tierra que no fuera cultivada como de costumbre, fuera obligatoriamente trabajada por obreros del campo a cuenta del propietario.

Para dirimir las cuestiones suscitadas en aplicación de los anteriores decretos, mediante el  Decreto del 7 de mayo de 1931,  “se crean los Jurados Mixtos  introduciendo en la agricultura comisiones  paritarias que al igual que la industria se convirtieron en instituciones de arbitraje para los conflictos colectivos, salarios y condiciones de trabajo

Según su composición, había tres clases:

  1. a) Jurados Mixtos del Trabajo Rural, constituidos por patronos y Sociedades Obreras para reglamentar las condiciones del trabajo agrícola.
  2. b) Jurados Mixtos de la Propiedad Rústica, compuestos por los representantes de las asociaciones, tanto de propietarios de tierras, como de arrendatarios, para reglamentar las relaciones entre estos dos grupos.
  3. c) Jurados Mixtos de la Producción y las Industrias Agrarias, estos jurados se dieron en zonas industriales y capitales de provincia; por lo tanto, poco tienen que ver en el caso que nos atañe.

Las tareas principales de los Jurados Mixtos, eran el control del cumplimiento de las Leyes Laborales, la negociación de las condiciones de trabajo, de salarios, y de las condiciones de arrendamiento así como de la mediación en casos conflictivos.

Las infracciones contra decisiones tomadas por el Jurado Mixto podían traer consigo multas de hasta 1.000 pesetas; pero también había la posibilidad  de entablar recurso contra decisiones tomadas por el Jurado Mixto, dirigiéndose al Ministerio de Trabajo.

En Villacarrillo, en sesión  del Pleno Municipal del día 9 de Julio de 1932, se acuerda sacar un concurso para buscar un edificio en alquiler para los servicios del Jurado Mixto del Trabajo Rural y Oficina del Trabajo, para lo que se dispone de 1.500 pesetas; el domicilio del Jurado Mixto estuvo situado en la  Avenida del 14 de Abril nº 40, (hoy La Feria).

El conserje del Jurado Mixto era Francisco Marín.

 El día 19 de mayo de 1931, el Ministerio  de Agricultura publica un nuevo Decreto llamado de los Arrendamientos Colectivos.

Contempla el Decreto, la posibilidad de Arrendamientos Colectivos, que amparaba y ayudaba a las sociedades obreras a concertar contratos de arrendamiento de tierras; las tierras seguirían siendo propiedad  de su dueño al que pagarían una renta anual, apareciendo el Ayuntamiento como garante.

“Las sociedades obreras debían tener prelacción sobre personas individuales en lo que respecta a los arrendamientos de grandes terrenos agricolamente explotables”.

Esta disposición sólo era válida para contratos nuevos de arrendamiento o por renovar, y no  para tierras que fueran cultivadas por el arrendatario individual.

Por consiguiente, este decreto estaba dirigido sobre todo contra el subarriendo, altamente difundido en el sector latifundista.

Para proteger al obrero en caso de accidente o enfermedad, se publica el Decreto del 12 de Junio de 1931, sobre accidentes de trabajo; por el que se obliga al contratante a suscribir un seguro de accidentes de trabajo, lo que significaba mayor coste para el empresario.

Decreto 11 de Julio de 1931, se establece la jornada de trabajo de 8 horas, y no de “sol a sol”, lo que significa que las horas de trabajo que superen las ocho horas sean pagadas como extraordinarias.

  • Se obligaba a contratar para el trabajo de las tierras a jornaleros del propio municipio.

 Lo  que perseguía este Decreto, era obligar  a los terratenientes a contratar a obreros locales, sin posibilidad de excluirlos por razón de ideas y comportamiento político de los mismos.

Lógicamente, este Decreto fue fuertemente rechazado por terratenientes y conservadores.

Para ello, en Villacarrillo y en la mayoría de los pueblos se crea una bolsa de trabajadores, a la que los patronos deben acudir obligatóriamente, eligiendo libremente los trabajadores previamente inscritos en dicha bolsa.

La circunstancia de elección libre de obreros dentro de la bolsa de trabajo, traía consigo el que los obreros más señalados políticamente, no salieran a trabajar.

Esto ocurre hasta que el  4 de Junio de 1932, en que a  propuesta del Ayuntamiento de Arjona, el Pleno de Villacarrillo se adhiere al documento enviado por aquél y dirigido al Ministerio de Trabajo y Previsión, al objeto de que se dicte una disposición por la cual sea anulada la clausula segunda de las condiciones generales de las Bases de Trabajo aprobadas para la provincia de Jaén, con el fin de que los obreros no puedan ser elegidos libremente de la Bolsa de Trabajo por los patronos; sino que sean sacados por orden riguroso de numeración, según estuviesen inscritos en dicha bolsa, esto conllevaba a que algunos patronos tenían que conformarse con los trabajadores que les tocaran del turno de la lista.

 Se obligaba a los propietarios a cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación.

Con esta disposición el gobierno pretendía «impedir que los propietarios sabotearan la reforma agraria dejando de cultivar las tierras».

 Decreto 18 de Julio de 1931, sobre la prohibición de régimen de reparto de jornaleros parados durante las crisis de trabajo.

El problema clave de la reforma, es determinar o diseñar cuales son las tierras afectadas por la Reforma Agraria. Para elaborarlo, el gobierno, crea una Comisión Técnica formada por expertos; concrétamente, en la Base 5ª, que es la que contiene los criterios principales que se refieren a las tierras afectadas por la reforma.

Se establece que, queda sujeta la propiedad rústica de la naturaleza agrícola que se detalla que excediere de los siguientes tipos:

1º.- Terrenos de secano.

  1. a) Las dedicadas al cultivo herbáceo de alternativa: 300 Ha.
  2. b) Terrenos dedicados al cultivo arbóreo, en especial olivo: 200 Ha.
  3. c) Terrenos dedicados al cultivo de la vid: 100 Ha.
  4. d) Dehesas de pasto y labor o de puro pasto: 400 Ha.

2.- En regadío: Terrenos comprendidos en las grandes zonas regables merced a obras realizadas con el auxilio del Estado: 10 Ha.

3.- Todas las demás tierras: Cuando la renta catastral exceda de 10.000 pesetas.

A La Comisión Técnica, no propone en la Reforma agraria expropiar las tierras a sus propietarios, sino la ocupación por los campesinos y la redistribución de las mismas a cambio de un canon o renta. De esta manera, el propietario mantenía la nuda propiedad sin quedarse sin ella, y de paso saldría más barata al Estado, por que evitaba el gasto de indemnizaciones por la expropiación.

En la Base 3ª se dice.- Para llevar a cabo este proyecto de la Comisión Técnica; se crea el Instituto de Reforma Agraria; “Órgano encargado de transformar la Constitución Agraria Española”, dotándola de personalidad jurídica y además se regulan otros órganos de la reforma, como son, las Asambleas Locales y las Comunidades de Campesinos.

Las Asambleas Locales, son las encargadas prácticamente de llevar a cabo la reforma.

Bajo la jurisdicción del Instituto de Reforma Agraria, quedan los campesinos constituidos en Comunidades que se formarán por unidad de asentamiento, dentro de cada municipio, a fin de que ellas tengan la misión de ordenar y regir la explotación que se establezca.

La misma base 3 contempla; “Las Comunidades de campesinos o sus individuos componentes podrán formar asociaciones, sindicatos, o equipararse en cualquier otra forma de cooperativa de compra o tenencia en común, a fin de adquirir y conservar los medios de explotación necesarios”.

La determinación de los individuos que reúnen las condiciones para ser incluidos en el cupo anual de asentamientos del Municipio, corresponde a las Juntas Locales”.

Para llevar a cabo financiéramente la reforma, la misma base 3ª añade; “El Instituto de Reforma Agraria, dispondrá de una dotación inicial de 10.000.000 pesetas y las reservas que dicho I.R.A. acumule, pudiendo ser objeto de sucesivos aumentos”.

SL»