LA REFORMA AGRARIA Y EL PROYECTO COLECTIVIZADOR EN VILLACARRILLO. (III parte). El Frente Popular y la reforma agraria.

CASA BENAVIDES

Casa incautada el 18 de septiembre de 1936 a donde se trasladó el Ayuntamiento

EL FRENTE POPULAR Y LA REFORMA AGRÁRIA

El resultado de las elecciones de febrero de 1936, que dieron el triunfo al Frente Popular, significaron un nuevo cambio de marcha en la política agraria de la República. Desde marzo del 36 adquirió una gran celeridad a base de la utilización del principio de “utilidad social”, la abrogación de la ley de 1935 y el restablecimiento de la de 15 de septiembre de 1932 (por ley de 18 de junio de 1936); en estos cuatro meses se ocuparon 232.199 hectáreas y se asentaron 71.919 colonos, la mayor parte en Extremadura.

El 25 de marzo los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), ocuparon 3.000 fincas, sin que el Gobierno pudiera hacer otra cosa que legalizar la ocupación. La creencia de que finalmente la reforma agraria era ya irrefrenable, se extendía por doquier.

El estallido de la guerra civil significó en la España republicana, una aceleración en la distribución de la tierra y en la ocupación de ésta por los propios campesinos.

El decreto de 7 de octubre, al cual nos referiremos en su momento, dio fuerza legal a las medidas que generalmente ya habían sido aplicadas por los campesinos.

En Villacarrillo.

El 24 de marzo de 1936, el Alcalde Diego Marín González, convoca en el salón de sesiones del Ayuntamiento, una reunión entre el Ingeniero Delegado del Gobernador Civil de la provincia, los patronos agrícolas y una comisión de obreros de esta ciudad, de la que salen los siguientes acuerdos:

1º.- Repartir entre el número de hectáreas cultivadas, los obreros existentes en la bolsa de trabajo para efectuar las operaciones de cultivo de la época y subsiguientes hasta la terminación de la vigencia de este acta.

 2º.- Que en aquellos terrenos en que a juicio de la Comisión Municipal o Policía Rural puedan efectuarse las labores de cultivo, estas se empiecen.

3º.- Que en aquellos terrenos que no reúnan la condición anterior, podrán estas demorarse hasta que concurra la circunstancia del apartado segundo, y en este caso se compromete la representación patronal a facilitar un anticipo de jornales de la mitad del importe de éste, hasta un numero de quinientos obreros que a este efecto y para que no resulten recargados los propietarios, se designara una representación patronal de la Sociedad de Labradores y otra representación de la clase trabajadora, para asignarlos en la proporción que corresponda; sin que esto tenga calidad de elección de obreros.

Estos anticipos serán reintegrados al efectuarse el trabajo por los obreros que lo hayan recibido y en cantidad de la mitad de su jornal como máximo.

4º.- A los efectos de esta acta, quedan obligados los arrendatarios o aparceros, como beneficiarios de las fincas, computándose como obreros a los hijos de estos, mayores de 18 años.

5º.- La vigencia de esta acta dura hasta la vina de arado y cava de pies de olivos y recolección de cereales inclusive.

 6º.- La Comisión municipal de Policía Rural, como la legislación actual de Laboreo Forzoso le faculta, cuidara de que las labores se efectúen en todo caso.

 7º.- El turno de colocación obrera, será como la disposición vigente ordene.

 8º.- Las dudas y derivaciones que el presente acuerdo pudiera motivar, serán resueltas por el Ingeniero de Laboreo Forzoso o el Sr. Delegado del Exmo. Sr. Gobernador Civil.

 Firmado: Diego Marín, Ignacio de Valenzuela y Carlos González Ruckerf

El doce de abril del 36, el Alcalde reúne a los presidentes de la Sociedad de Labradores y al de la del sindicato “La Blusa”, para llegar a un acuerdo en el conflicto planteado con motivo de colocación de obreros, no llegando a un acuerdo; motivo por el la Sociedad Agraria “La Blusa”, convoca una huelga General.

La consecuencia inmediata de estos Decretos publicados, es que a final de junio de 1936 y primeros días de julio, varios propietarios del término municipal de Villacarrillo, dirigen sendos escritos al Ayuntamiento cediendo gratuitamente sus tierras para que sea recogida la cosecha por los trabajadores del campo.

Los propietarios que ceden sus cosechas son los siguientes:

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Copia de Originales de alguna de las cesiones

El día 29 de junio, el Ayuntamiento, tras consulta sobre este ofrecimiento con la Delegación de Trabajo de Jaén, ésta remite un telegrama en el que dice que no hay inconveniente en aceptar dichos ofrecimientos, considerando estas tierras como abandonadas por sus dueños.

Los escritos que se conservan en el archivo municipal son los siguientes:

Joaquín Corencia Serrano, Emilio Bueno y Bueno, Ana Vélez y Vélez, José Isaac Marín Millán. Julio Cesar Bueno y Bueno, Paula Raspado Soto.

 

Esta situación trae consigo en principio, la ocupación desordenada de las tierras por grupos de obreros del campo. Para evitar la misma, en cada ocupación se levantaba un acta y se asentaban en un libro de registro, donde se anotaba siempre, el nombre del antiguo propietario y el número de superficie incautada por “abandono de sus propietarios”.

Dada la situación prebélica que se venía viviendo desde algunos meses previos al levantamiento militar, los grandes propietarios de Villacarrillo no vinieron al pueblo para la recolección de las cosechas, dejándolas en manos de sus encargados o cediendo las cosechas al Ayuntamiento; lo que vendría a interpretarse como abandono de fincas rústicas y urbanas.

El 13 de julio se produce en Madrid el asesinato  de Calvo Sotelo y en medio de esta encendida situación, el 18 de Julio de 1936, se produce el golpe de estado, sublevándose parte del ejército contra el Gobierno de la República. El país se dividirá en dos, que en un principio no tiene otro calificativo que el de zona sublevada y zona gubernamental. En esta última, la reforma deja de serlo y se convierte en una revolución agraria que se extiende rápidamente.

Ante la realidad de unas primeras ocupaciones de tierras, el Ministro de Agricultura del Gobierno, Mariano Ruíz de Funes, de Izquierda Republicana, firmó un   decreto el 8 de agosto de 1936, completado a continuación con los de los días 17 y 19, que concedía a los Alcaldes de los Ayuntamientos republicanos el carácter de delegados del IRA con la obligación de elaborar un censo de las tierras abandonadas del municipio y potestad para su gestión.

Se refiere a la intervención de la tierra abandonada, y se limitaba a autorizar a los Ayuntamientos, asistidos por las organizaciones obreras, para que actuaran como delegados especiales del IRA en la intervención temporal.

También hacía una llamada a los campesinos leales a la República, para declarar que su adhesión recibiría merecido premio en la posesión de tierras. Pero el objetivo principal, aparte de dar sanción legal a determinadas actuaciones, era el que no se interrumpiera la recolección y almacenaje de cereales por el abandono de los propietarios o de administradores[1].

Mediante el decreto de 8 de agosto del 1936 se justifica la ocupación de tierras por el abandono de sus propietarios y arrendatarios.

Como consecuencia de este decreto, otros propietarios deciden entregar sus fincas al Ayuntamiento, así, en el pleno del 3 de septiembre de 1936 en uno de los puntos del orden del día dice:

 …Seguidamente se dio lectura de la moción de la Alcaldía Presidencia en relación con los escritos presentados por varios propietarios de esta ciudad, cediendo con carácter gratuito y en pleno dominio al Ayuntamiento las fincas que a continuación se indican, como asimismo los útiles de labranza. Y conforme a lo propuesto por la Alcaldía, se acuerda admitir la cesión hecha.

 Que se comunique así a los interesados, y que se verifiquen los trámites necesarios para que dichas fincas aparezcan en lo sucesivo, como de la propiedad de este Ayuntamiento.

 Los propietarios son los siguientes:

Mª Francisca López Moreno, Paula Raspado Soto, Isabel Tortosa Herreros, Jerónima Mora Altarejos, Marcos López Moreno y Carmen Moreno Pulido.

 Apelando a la necesidad de mantener el índice de “productividad normal” en el campo, reforzando una justificada obsesión por asegurar unos niveles adecuados de producción agraria y alimentaria, el Gobierno publica el Decreto del Ministerio de Agricultura de 15 de Septiembre de 1936; este Decreto, en concreto, instauraba unos Comités Agrícolas Locales como forma de reforzar el criterio de las disposiciones de los decretos de agosto, pero sobre todo, dirigir y ordenar la siembra y las labores en el campo. Estos Comités presididos por el Alcalde, debían contar con cuatro miembros elegidos por el Ayuntamiento, el Comité Local del Frente Popular y las Organizaciones Sindicales.

De acuerdo con los condicionantes de política internacional con que se encontró la República y con la influencia del Partido Ccomunista en España (había obtenido 17 diputados en las elecciones de febrero), los comunistas entraron en el gobierno de Largo Caballero el 4 de septiembre de 1936; así se hizo cargo del Ministerio de Agricultura Vicente Uribe. La estrategia comunista era ente todo la de defender la República dejando de lado cualquier veleidad revolucionaria; las políticas de “Frentes Populares” que sancionó la Internacional Comunista en 1935, obligaban a los comunistas a aliarse con otras fuerzas, desde campesinos a intelectuales, y a postergar la revolución en beneficio del orden republicano, del respeto a la propiedad, todo en pro de la lucha común contra el fascismo[2].

Para aplicación del Decreto de 15 de septiembre del 1936, el día 23 del mismo mes, se recibe en Villacarrillo un comunicado de la Sección Agronómica de Jaén (registro de salida 3205 y entrada 1574), que dice:

 Por Decreto del Ministerio de Agricultura de 15 de los corrientes (Gaceta del 16) publicado en el Boletín Oficial de la Provincia fecha de ayer y nº 222, se crea en cada Municipio un Comité Agrícola Local del Frente Popular, cuya misión específica, en los actuales momentos, ha de consistir en lograr el aumento del área de cultivo y la producción unitaria. Para lo que se dan normas en la citada disposición.

 Los referidos comités han de quedar constituidos, en la forma que se previene[3], antes del día 25 del actual, debiéndose comunicar su constitución al Ministerio de Agricultura.

Inmediatamente de constituido el comité, actuará seguidamente a los fines expresados a) b) c) d) y e) del artículo 2º del mencionado decreto y conforme determinan los artículos 3º y 4º del mismo.

Para mejor acierto de la función asesora encomendada a esta Jefatura acerca de los referidos Comités, y en cumplimiento de las órdenes del Ilmo. Sr. Director General de Agricultura, se servirá esa Alcaldía comunicar a esta Sección Agronómica, la constitución del Comité correspondiente, como asimismo el desarrollo de sus funciones, y cuanto pueda interesar para la mejor marcha del servicio que realice.

 Se espera que por parte de esa Alcaldía se cumplimenten exactamente los fines expresados en la presente comunicación.         Jaén 23 de septiembre de 1936            

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                   Convocatoria para la formación del Comité Agrícola Local de Villacarrillo

 El artículo 2º, establecía como función principal, procurar que las tierras fuesen cultivadas de forma adecuada para procurar la máxima producción.

El incumplimiento de las normas fijadas por el Comité Local, podría suponer, como se preceptúa en su artículo 4º, el levantamiento del cultivador de la tierra cultivada, en cuyo caso, dicha tierra será entregada a organizaciones de obreros agrícolas o campesinos, según los casos, para que no sufran interrupción las faenas y trabajos a realizar sobre la finca en explotación.

La reincidencia en la falta será castigada:

Si es propietario de la tierra, con la anulación del derecho de propiedad  y transmisión del mismo al Municipio de su emplazamiento; y si es colono, arrendatario o aparcero, con la prohibición absoluta, por manifiesta incapacidad disciplinaria del derecho de cultivar tierras en el territorio de la República.

 Incautación de fincas urbanas.

 El día 1 de Agosto de 1.936, el Alcalde Diego Marín, reincorporado a su cargo de Alcalde, firma el decreto siguiente:

Cumpliendo lo ordenado en el Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de fecha 27 de Julio Anterior, tengo a bien disponer se proceda a la ocupación de los edificios y material que en los mismos exista, haciendo el oportuno inventario de todo, en armonía con lo referido Decreto y cumpliendo en todas sus partes cuanto en el mismo se ordena”. Firmado, Diego Marín.

En base a este decreto se incautan la escuela de niños Ave María en la calle Antonio de la Torre y  la de niñas Cristóbal Colon, en la calle Cristóbal Ruiz (de las monjas) de esta población.

Para darle carácter legal a la incautación de las fincas urbanas el Ministerio de Hacienda publica el Decreto de de 27 de Septiembre de 1936, (Gaceta de Madrid, 29 de septiembre de 1936). Incautación de fincas urbanas.

Este Decreto, expone las razones que llevaron al Gobierno a tomar las medidas de incautación de fincas urbanas, haciendo hincapié en el abandono de estas  por sus propietarios y administradores, con el consiguiente perjuicio a los inquilinos a la conservación de las fincas, y sobre todo a los ingresos de la hacienda del Estado, tan necesaria de incrementarlos en las aquellas  circunstancias.

En su articulado se recogen los siguientes puntos;

1º.- Se consideran propiedad del Estado las fincas urbanas cuyos propietarios hayan sido considerados por fallo de los Tribunales de Justicia, en que se les declare responsables de haber intervenido en el movimiento sedicioso o cooperado al mismo, o los que existan suficientes indicios.

 La apreciación de tales circunstancias, será determinada por la “Junta de Fincas Urbanas Incautadas”, que se constituirá en cada capital de provincia, presidida por el Delegado de Hacienda y compuesta por representantes de los partidos políticos del  Frente Popular y de organizaciones sindicales. Las fincas urbanas incautadas con carácter definitivo pasaran a integrar el inventario de las “Administraciones de Propiedades”.

2º.- Las Administraciones de Propiedades incautaran  de manera provisional las fincas urbanas pertenecientes a personas que se hallen detenidas por motivo de la rebelión; las que se encuentren ausentes voluntariamente sin haber nombrado un representante legal, o hubiesen abandonado el cuidado y gestión de tales fincas.

Este carácter provisional de la incautación, concluirá, bien elevándose a definitiva según el artículo 1º, o bien procediéndose a su devolución, lo cual  da un rango de legalidad a las incautaciones.

3º.- Los propietarios o administradores de todas las fincas urbanas, y en su defecto, los porteros o los propios interinos, tienen la obligación de presentarse en la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial, para hacer declaración en la forma y plazo establecido, del nombre del propietario de la finca, renta del inmueble y datos que se consideren oportunos.

4º.- Los edificios incautados por organizaciones afectas al Frente Popular y organismos sindicales, serán puestas a disposición del Estado por dichas organizaciones, entregando toda la documentación, así como rindiendo cuentas en las Administraciones de Propiedades de las capitales de provincia, y por medio de las Alcaldías en los pueblos.

.- El producto líquido que resulte de la administración de las fincas urbanas incautadas, se ingresará mensualmente en las dependencias de Hacienda del Estado.

A partir de esa fecha, hay un amplio cuerpo legislativo que desarrolla todo lo concerniente a la rebaja de rentas, a que inmuebles afecta y a cuales no, así como a la constitución de las “Juntas de Fincas Urbanas Incautadas”, legislación que aparece publicada en la “Gaceta de Madrid”[4].

Sin embargo, hay que señalar que entes de  la publicación de este Decreto de 27 de septiembre, Ya el día dieciocho del mismo mes, se da cuenta en el Pleno Municipal, de la incautación del edificio nº 20 de la Avenida de 14 de Abril[5], -hoy Casa de la Cultura- propiedad de los hijos de D. Manuel Benavides España, Carlos, Manuel y Fernando Benavides García de Zúñiga, los cuales eran jefes del Centro Tradicionalista de esta ciudad; y teniendo en cuenta lo pequeño que es el actual Ayuntamiento, se acuerda trasladar el mismo al edificio incautado.

El día 3 de marzo de 1937, en sesión extraordinaria del Pleno Municipal:

Dada cuenta de la disposición publicada en el Boletín Oficial de la Provincia numero cuarenta y ocho, sobre incautaciones de fincas urbanas, se acuerda por unanimidad, proceder en su consecuencia y que la Comisión Municipal de Incautaciones sea quien las haga en nombre del Consejo Municipal; y una vez sean aprobadas por la superioridad, solicitar del Gobierno, sean cedidas a este Consejo Municipal, para que este abone al estado el importe de la Contribución, y puestas en alquiler las que no precise para sus servicios, dando a los inquilinos el máximo de ventajas dentro de la legislación vigente.

 La incautación comprenderá todas las fincas urbanas del casco y de los anejos, que no se hallen habitadas por sus dueños y estos hayan sido declarados como favorecedores directa o indirectamente, por la Junta Calificadora Local, que se creó en armonía con el Decreto de siete de Octubre de mil novecientos treinta y seis.

 Así mismo, se acuerda la incautación de la farmacia que fue de D. Antonio del Real, que se haga un inventario, y teniendo en cuenta que se halla suspendida por resolución Ministerial la aplicación de la Ley de Coordinación Sanitaria, crear a base de lo que exista en la farmacia dicha, una farmacia municipal, al frente de la cual estará el farmacéutico titular D. Vicente Jiménez.

Otros edificios incautados en distintas fechas son: D. Antonio Gallego,  D. Gerardo Pastor, D. Pedro Lorite, Dª Agustina Régil, D. Cristóbal Millán, D.  Juan Rodríguez Avial, Sres de Villavicencio, Dª Pilar García de Zúñiga, D. Ángel Pellón, Señoritas Serrano Sanmartín,….

SL2.

 

 

 

 

 

LA REFORMA AGRÁRIA Y EL PROYECTO COLECTIVIZADOR EN VILLACARRILLO. (Segunda parte)

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DISCUSIÓN DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA EN LAS CORTES

En mayo de 1931, descartada por el Gobierno Provisional la posibilidad de realizar la Reforma Agraria por decreto, se nombró una Comisión Técnica a fin de que preparase el proyecto de ley para someterlo a las Cortes.

El dictamen de la comisión fue presentado al Gobierno Provisional el 20 de julio de 1931. Se trataba de un proyecto de gran lucidez. En él coexistían profundidad y simplicidad, en la búsqueda de soluciones que no implicasen largas tramitaciones ni dificultades financieras insalvables.

Podemos resumirlo en los puntos siguientes;

  1. Limitación de la reforma a las zonas de latifundio, donde los problemas – incluido el muy grave del paro estacional – eran mayores. (caso de Extremadura y la Mancha).
  2. No expropiación, sino ocupación temporal de las tierras, para proceder de inmediato a su cesión a los campesinos en forma de arrendamiento con pago de rentas bajas. Evitando así enojosas expropiaciones y combinaba el mantenimiento de la nuda propiedad a favor del terrateniente con la posesión con todas las consecuencias funcionales, y de forma prácticamente indefinida por el campesino.
  3. Principio de no discriminación en cuanto a las propiedades afectadas por la reforma. Podrían ser forzadas al arrendamiento los excesos de propiedades por encima de las 300 hectáreas de tierra cerealista o su equivalencia, o de más de 10.000 pesetas de líquido imponible por el propietario, considerando sus dominios a nivel nacional.
  4. Las tierras ocupadas temporalmente podrían ser explotadas en parcelas individuales o de forma colectiva, según el deseo que libremente expresan los campesinos asentados.
  5. Como meta de lo posible, la comisión técnica proponía el asentamiento de 60.000 a 75.000 campesinos por año, con un margen en función de los recursos disponibles para conceder ayudas a los asentamientos.

Este proyecto no salió adelante por la reacción de los grandes propietarios y sus órganos de prensa que lo calificaron de bolchevique, estos, fundaron en el mes de julio de 1931 la “Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas” y por supuesto el Partido Agrario de Martínez de Velasco, fuertemente implantado en Villacarrillo del que fue su presidente D. Manuel Benavides España. Los radicales y republicanos conservadores atacaron duramente el proyecto por estimarlo muy avanzado, en tanto que el PSOE consideraba que no satisfacía sus aspiraciones. Por todo ello, el proyecto pasó al presidente del gobierno Alcalá Zamora, quien haciendo de árbitro se ocupó de reelaborarlo.

El nuevo proyecto fue presentado a las Cortes el 25 de agosto de 1931. Las transformaciones introducidas daban un nuevo giro a la cuestión. La reforma se limitaba a tres clases de tierras: zonas de regadío no puestas en riego; tierras sistemáticamente en arrendamiento; y tierras de la nobleza procedentes de la usurpación que hicieron en 1811 al suprimirse los señoríos jurisdiccionales.

Por otra parte, en vez del sistema de ocupaciones temporales se pasaba al de expropiación con indemnizaciones (en efectivo hasta 500.000 pesetas y con deuda pública el resto), salvo en el caso de determinadas tierras de nobleza en que procedía a la confiscación.

Se mantenía la meta de 60.000 a 75.000 campesinos asentados por año.

La discusión de este proyecto, fue muy intensa y por presión de republicanos de izquierda y de los socialistas, las enmiendas fueron acercando el proyecto al primitivo texto de la comisión técnica, hasta el punto de que fue por entonces cuando Alcalá  Zamora – que no olvidemos que era latifundista – empezó a pensar en dimitir del gobierno por el giro que tomaban las cosas; Aunque a efectos formales fue la aprobación del artículo 26 de la Constitución sobre relaciones Iglesia-Estado lo que le hizo dimitir el 14 de octubre.

Por las disensiones dentro del gobierno, se demoró la discusión de la reforma agraria.

El 26 de noviembre se presentó de nuevo el proyecto de ley para su discusión.

Los ataques más duros – desde la primera presentación – provinieron del Partido Radical, que empezaba a dar muestras de fatiga por su colaboración con el PSOE en el seno del gobierno.

Lerroux forcejeaba para conseguir que el presidente del gobierno Manuel Azaña redujese la presencia de socialistas en su gabinete, pero Azaña en vez de oír a los radicales, se inclinó del lado del PSOE, de este modo, el nuevo gobierno de Azaña que se formó el 14 de diciembre de 1931, al constituirse las cortes ordinarias, Lerroux y su partido dejaron de estar presentes en el gobierno, originando la escisión más importante en el frente republicano.

Al preparar Azaña su programa legislativo para el siguiente año de 1932, no dejó de incluir el proyecto de reforma agraria. En este su segundo gobierno, transformó el Ministerio de Economía en Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, del cual se hizo cargo el radical-socialista Marcelino Domingo, partidario de dar tiempo al tiempo demorando la presentación del nuevo proyecto de reforma agraria, que finalmente y por tercera vez, llegó a las Cortes el 24 de mayo de 1932.

Esta tercera versión era más moderada que la segunda, al objeto de hacer posible su aceptación por las oposiciones, que en cierto modo se habían visto potenciadas por la salida de Lerroux del consejo de ministros, por tanto, no fue extraño que las discusiones parlamentarias se prolongaran durante cuatro meses, con intervenciones que rayaban lo absurdo. Todo lo cual contribuye a realzar la trascendencia del tema, hasta que en 1936 fue una de las cuestiones irresueltas. Reiteradamente había que volver sobre la ley de reforma, para transfigurarla en función de las fuerzas dominantes en cada momento.

La discusión habría sido más larga, e incluso esterilizada por el Partido Agrario, de no haberse producido la insurrección militar de Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932 en Sevilla; este hecho, volvió a unir los sentimientos de los republicanos y socialistas al nivel del 14 de abril de 1931. Esta circunstancia hizo que Azaña interviniera personalmente en las Cortes del 16 de agosto de 1932, en la que resolvió el conflictivo asunto de la expropiación sin indemnización de las tierras de la grandeza de España y de todas las procedentes de los antiguos señoríos jurisdiccionales. Finalmente, el 9 de septiembre de 1932 se sometía a votación el conjunto del articulado, que se aprobó por 318 votos contra 19.

Esta ley estuvo en vigor desde la fecha de su publicación 21 de septiembre de 1932 hasta el 31 de diciembre de 1934. Durante este periodo, todo fueron trabas burocráticas dada la complejidad de la Ley, dejaba a las comunidades de campesinos la decisión de si la reforma había de tener un carácter individualista o colectivo, la tardanza en organizar el IRA, que no se organizó hasta la segunda mitad de 1933, sin olvidar la depresión económica mundial y la ineptitud de algunos junto a la resistencia de los propietarios,  fue creando un clima de enfrentamientos que impidieron llevar a cabo los objetivos de la reforma.

Para hacernos una idea de incumplimiento de los objetivos durante este periodo, sólo basta con visualizar el dato que aporta el Instituto de Reforma Agraria.

Expropiaciones:                                       Ocupaciones:  Total:

Nº de fincas               468                               61                   529

Extensión en Ha.  89.133                        27.704             117.837

Nº de asentados     8.609                          3.651              12.260

Lo realizado no correspondió a las esperanzas que los campesinos habían puesto en la aplicación de la Ley, que había previsto asentar un mínimo de 60.000 campesinos anualmente.

Puede además añadirse que, cuando la reforma comenzaba a realizarse, después del inevitable tiempo empleado en su preparación, en 1933 quedó casi totalmente paralizada por el resultado de las elecciones de noviembre de 1933, que dieron el triunfo a la coalición de los Radicales-CEDA. Más tarde, como consecuencia de la revolución de octubre de 1934[1], la reforma quedo “de facto” en suspendo, pues desde entonces no se realizaron más expropiaciones.

Con la caída del gobierno Azaña en septiembre de 1933, que había de dar paso al primer gabinete de Lerroux, la política agraria de la República inició paulatinamente su cambio de signo, hasta hacerse –en julio de 1935- descaradamente contraria a los propósitos fijados en la ley de 1932.

Durante los gobiernos de Lerroux, el IRA siguió ocupando tierras, el relativo progreso de la reforma se debió también al hecho de que hasta octubre de 1934 se mantuvo la presión de los socialistas en las Cortes y el propio IRA.

Después de la entrada de los hombres de la CEDA en el gobierno, con ocasión del tercer gabinete de Lerroux (4 de octubre de 1934), la violenta reacción que se produjo por parte de los socialistas, empezó a cambiarlo todo. La cartera de Agricultura recayó en el cedista Manuel Giménez Fernández, hombre fundamentalmente bueno y más sinceramente republicano y progresista dentro de su partido.

La obra de este ministro duró tan sólo ocho meses –hasta mayo de 1935- esta obra puede resumirse en tres disposiciones: ley de 21 de diciembre de 1934 sobre los yunteros de Extremadura, decreto de 9 de enero de 1935 sobre aplicación de la base 9ª de la ley de 1932, y ley de arrendamientos rústicos de 15 de marzo de 1935. Esta última fue la que provocó mayores problemas para su aprobación. Básicamente lo que perseguía era la actualización de la del anterior ministro Del Río, según el cual los arrendatarios tendrían derecho a exigir a los propietarios la venta de sus tierras después de doce años de arrendamiento ininterrumpido. La oposición más fuerte vino de los tradicionalistas, pero incluso de los propios cedistas que atacaron el proyecto, hasta el punto de eliminar el artículo referente a el acceso de los arrendatarios  a la propiedad; al tiempo que redujeron de seis a cuatro años el plazo mínimo de los arrendamientos y que suprimieron de “facto” la posibilidad de ejercitar los derechos de tanteo y retracto. De este modo, el resultado final, la Ley de 15 de marzo de 1935, fue una gran decepción.

El seis de mayo de 1935 y hasta finales de año el Ministerio de Agricultura fue dirigido por Nicasio Velayos y Velayos, miembro del Partido Agrario y muy vinculado a la CEDA, presentó a principios de mayo un proyecto de revisión de la ley de 9 de septiembre de 1932. Con un Parlamento del que se habían retirado los socialistas, el proyecto tropezó desde el principio con varias diatribas, pero con escasa oposición cuantitativa.

El proyecto se elevó a ley el 1 de agosto de 1935. Suponía una autentica contrarreforma agraria dentro de la República. En primer término, se establecieron fuertes excepciones a la relación de tierras expropiables que figuraban en la base 5ª de la ley de 1932; lo que virtualmente venía a significar la reducción sustancial del área de tierras expropiables. Entre esas excepciones, las más importantes fueron las tierras situadas a menos de dos kilómetros de los pueblos, sobre las que los socialistas habían tenido un mayor interés, para satisfacer con ellas las ansias de los campesinos individualistas, lo que habría permitido crear explotaciones colectivas en las tierras más alejadas de los pueblos.

Por otra parte, se suprimió el inventario de fincas expropiables, que era la base del trabajo del IRA. Se derogaron además las expropiaciones sin indemnización de los señoríos y de las tierras de la grandeza, y se anularon las ya realizadas.

La ley de 1935 venía a representar una gran lentitud en la realización de la reforma que casi venía a desistir de ella.

Los únicos preceptos positivos fueron la facultad de expropiación forzosa, previa declaración de “utilidad social”, y la creación de los “patrimonios familiares insecuestrables”  ya previstos en el artículo 47 de la Constitución. Especialmente fue importante la expropiación por razones de “utilidad social” que, por su amplia discrecionalidad a efectos de interpretación, habría de ser la base de la mayor superficie de expropiaciones y ocupaciones de tierra por el IRA durante los cinco meses del gobierno del Frente Popular.

La contra reforma tuvo escasa vigencia, los escándalos del ”Straperlo” y el asunto “Taya-Nombela” precipitaron la crisis de la coalición CEDA-Lerroux.

A los pocos meses se producirían las elecciones de febrero de 1936 y la tragedia de la guerra civil.

[1] Salieron del Gobierno los socialistas y entró la CEDA.

BIBLIOGRAFÍA

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Boletín Oficial de la Provincia de Jaén

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Rosa Sepúlveda. Incautaciones de fincas urbanas en Albacete durante la guerra civil .