LA REFORMA AGRARIA Y EL PROYECTO COLECTIVIZADOR EN VILLACARRILLO. (III parte). El Frente Popular y la reforma agraria.

CASA BENAVIDES

Casa incautada el 18 de septiembre de 1936 a donde se trasladó el Ayuntamiento

EL FRENTE POPULAR Y LA REFORMA AGRÁRIA

El resultado de las elecciones de febrero de 1936, que dieron el triunfo al Frente Popular, significaron un nuevo cambio de marcha en la política agraria de la República. Desde marzo del 36 adquirió una gran celeridad a base de la utilización del principio de “utilidad social”, la abrogación de la ley de 1935 y el restablecimiento de la de 15 de septiembre de 1932 (por ley de 18 de junio de 1936); en estos cuatro meses se ocuparon 232.199 hectáreas y se asentaron 71.919 colonos, la mayor parte en Extremadura.

El 25 de marzo los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), ocuparon 3.000 fincas, sin que el Gobierno pudiera hacer otra cosa que legalizar la ocupación. La creencia de que finalmente la reforma agraria era ya irrefrenable, se extendía por doquier.

El estallido de la guerra civil significó en la España republicana, una aceleración en la distribución de la tierra y en la ocupación de ésta por los propios campesinos.

El decreto de 7 de octubre, al cual nos referiremos en su momento, dio fuerza legal a las medidas que generalmente ya habían sido aplicadas por los campesinos.

En Villacarrillo.

El 24 de marzo de 1936, el Alcalde Diego Marín González, convoca en el salón de sesiones del Ayuntamiento, una reunión entre el Ingeniero Delegado del Gobernador Civil de la provincia, los patronos agrícolas y una comisión de obreros de esta ciudad, de la que salen los siguientes acuerdos:

1º.- Repartir entre el número de hectáreas cultivadas, los obreros existentes en la bolsa de trabajo para efectuar las operaciones de cultivo de la época y subsiguientes hasta la terminación de la vigencia de este acta.

 2º.- Que en aquellos terrenos en que a juicio de la Comisión Municipal o Policía Rural puedan efectuarse las labores de cultivo, estas se empiecen.

3º.- Que en aquellos terrenos que no reúnan la condición anterior, podrán estas demorarse hasta que concurra la circunstancia del apartado segundo, y en este caso se compromete la representación patronal a facilitar un anticipo de jornales de la mitad del importe de éste, hasta un numero de quinientos obreros que a este efecto y para que no resulten recargados los propietarios, se designara una representación patronal de la Sociedad de Labradores y otra representación de la clase trabajadora, para asignarlos en la proporción que corresponda; sin que esto tenga calidad de elección de obreros.

Estos anticipos serán reintegrados al efectuarse el trabajo por los obreros que lo hayan recibido y en cantidad de la mitad de su jornal como máximo.

4º.- A los efectos de esta acta, quedan obligados los arrendatarios o aparceros, como beneficiarios de las fincas, computándose como obreros a los hijos de estos, mayores de 18 años.

5º.- La vigencia de esta acta dura hasta la vina de arado y cava de pies de olivos y recolección de cereales inclusive.

 6º.- La Comisión municipal de Policía Rural, como la legislación actual de Laboreo Forzoso le faculta, cuidara de que las labores se efectúen en todo caso.

 7º.- El turno de colocación obrera, será como la disposición vigente ordene.

 8º.- Las dudas y derivaciones que el presente acuerdo pudiera motivar, serán resueltas por el Ingeniero de Laboreo Forzoso o el Sr. Delegado del Exmo. Sr. Gobernador Civil.

 Firmado: Diego Marín, Ignacio de Valenzuela y Carlos González Ruckerf

El doce de abril del 36, el Alcalde reúne a los presidentes de la Sociedad de Labradores y al de la del sindicato “La Blusa”, para llegar a un acuerdo en el conflicto planteado con motivo de colocación de obreros, no llegando a un acuerdo; motivo por el la Sociedad Agraria “La Blusa”, convoca una huelga General.

La consecuencia inmediata de estos Decretos publicados, es que a final de junio de 1936 y primeros días de julio, varios propietarios del término municipal de Villacarrillo, dirigen sendos escritos al Ayuntamiento cediendo gratuitamente sus tierras para que sea recogida la cosecha por los trabajadores del campo.

Los propietarios que ceden sus cosechas son los siguientes:

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Copia de Originales de alguna de las cesiones

El día 29 de junio, el Ayuntamiento, tras consulta sobre este ofrecimiento con la Delegación de Trabajo de Jaén, ésta remite un telegrama en el que dice que no hay inconveniente en aceptar dichos ofrecimientos, considerando estas tierras como abandonadas por sus dueños.

Los escritos que se conservan en el archivo municipal son los siguientes:

Joaquín Corencia Serrano, Emilio Bueno y Bueno, Ana Vélez y Vélez, José Isaac Marín Millán. Julio Cesar Bueno y Bueno, Paula Raspado Soto.

 

Esta situación trae consigo en principio, la ocupación desordenada de las tierras por grupos de obreros del campo. Para evitar la misma, en cada ocupación se levantaba un acta y se asentaban en un libro de registro, donde se anotaba siempre, el nombre del antiguo propietario y el número de superficie incautada por “abandono de sus propietarios”.

Dada la situación prebélica que se venía viviendo desde algunos meses previos al levantamiento militar, los grandes propietarios de Villacarrillo no vinieron al pueblo para la recolección de las cosechas, dejándolas en manos de sus encargados o cediendo las cosechas al Ayuntamiento; lo que vendría a interpretarse como abandono de fincas rústicas y urbanas.

El 13 de julio se produce en Madrid el asesinato  de Calvo Sotelo y en medio de esta encendida situación, el 18 de Julio de 1936, se produce el golpe de estado, sublevándose parte del ejército contra el Gobierno de la República. El país se dividirá en dos, que en un principio no tiene otro calificativo que el de zona sublevada y zona gubernamental. En esta última, la reforma deja de serlo y se convierte en una revolución agraria que se extiende rápidamente.

Ante la realidad de unas primeras ocupaciones de tierras, el Ministro de Agricultura del Gobierno, Mariano Ruíz de Funes, de Izquierda Republicana, firmó un   decreto el 8 de agosto de 1936, completado a continuación con los de los días 17 y 19, que concedía a los Alcaldes de los Ayuntamientos republicanos el carácter de delegados del IRA con la obligación de elaborar un censo de las tierras abandonadas del municipio y potestad para su gestión.

Se refiere a la intervención de la tierra abandonada, y se limitaba a autorizar a los Ayuntamientos, asistidos por las organizaciones obreras, para que actuaran como delegados especiales del IRA en la intervención temporal.

También hacía una llamada a los campesinos leales a la República, para declarar que su adhesión recibiría merecido premio en la posesión de tierras. Pero el objetivo principal, aparte de dar sanción legal a determinadas actuaciones, era el que no se interrumpiera la recolección y almacenaje de cereales por el abandono de los propietarios o de administradores[1].

Mediante el decreto de 8 de agosto del 1936 se justifica la ocupación de tierras por el abandono de sus propietarios y arrendatarios.

Como consecuencia de este decreto, otros propietarios deciden entregar sus fincas al Ayuntamiento, así, en el pleno del 3 de septiembre de 1936 en uno de los puntos del orden del día dice:

 …Seguidamente se dio lectura de la moción de la Alcaldía Presidencia en relación con los escritos presentados por varios propietarios de esta ciudad, cediendo con carácter gratuito y en pleno dominio al Ayuntamiento las fincas que a continuación se indican, como asimismo los útiles de labranza. Y conforme a lo propuesto por la Alcaldía, se acuerda admitir la cesión hecha.

 Que se comunique así a los interesados, y que se verifiquen los trámites necesarios para que dichas fincas aparezcan en lo sucesivo, como de la propiedad de este Ayuntamiento.

 Los propietarios son los siguientes:

Mª Francisca López Moreno, Paula Raspado Soto, Isabel Tortosa Herreros, Jerónima Mora Altarejos, Marcos López Moreno y Carmen Moreno Pulido.

 Apelando a la necesidad de mantener el índice de “productividad normal” en el campo, reforzando una justificada obsesión por asegurar unos niveles adecuados de producción agraria y alimentaria, el Gobierno publica el Decreto del Ministerio de Agricultura de 15 de Septiembre de 1936; este Decreto, en concreto, instauraba unos Comités Agrícolas Locales como forma de reforzar el criterio de las disposiciones de los decretos de agosto, pero sobre todo, dirigir y ordenar la siembra y las labores en el campo. Estos Comités presididos por el Alcalde, debían contar con cuatro miembros elegidos por el Ayuntamiento, el Comité Local del Frente Popular y las Organizaciones Sindicales.

De acuerdo con los condicionantes de política internacional con que se encontró la República y con la influencia del Partido Ccomunista en España (había obtenido 17 diputados en las elecciones de febrero), los comunistas entraron en el gobierno de Largo Caballero el 4 de septiembre de 1936; así se hizo cargo del Ministerio de Agricultura Vicente Uribe. La estrategia comunista era ente todo la de defender la República dejando de lado cualquier veleidad revolucionaria; las políticas de “Frentes Populares” que sancionó la Internacional Comunista en 1935, obligaban a los comunistas a aliarse con otras fuerzas, desde campesinos a intelectuales, y a postergar la revolución en beneficio del orden republicano, del respeto a la propiedad, todo en pro de la lucha común contra el fascismo[2].

Para aplicación del Decreto de 15 de septiembre del 1936, el día 23 del mismo mes, se recibe en Villacarrillo un comunicado de la Sección Agronómica de Jaén (registro de salida 3205 y entrada 1574), que dice:

 Por Decreto del Ministerio de Agricultura de 15 de los corrientes (Gaceta del 16) publicado en el Boletín Oficial de la Provincia fecha de ayer y nº 222, se crea en cada Municipio un Comité Agrícola Local del Frente Popular, cuya misión específica, en los actuales momentos, ha de consistir en lograr el aumento del área de cultivo y la producción unitaria. Para lo que se dan normas en la citada disposición.

 Los referidos comités han de quedar constituidos, en la forma que se previene[3], antes del día 25 del actual, debiéndose comunicar su constitución al Ministerio de Agricultura.

Inmediatamente de constituido el comité, actuará seguidamente a los fines expresados a) b) c) d) y e) del artículo 2º del mencionado decreto y conforme determinan los artículos 3º y 4º del mismo.

Para mejor acierto de la función asesora encomendada a esta Jefatura acerca de los referidos Comités, y en cumplimiento de las órdenes del Ilmo. Sr. Director General de Agricultura, se servirá esa Alcaldía comunicar a esta Sección Agronómica, la constitución del Comité correspondiente, como asimismo el desarrollo de sus funciones, y cuanto pueda interesar para la mejor marcha del servicio que realice.

 Se espera que por parte de esa Alcaldía se cumplimenten exactamente los fines expresados en la presente comunicación.         Jaén 23 de septiembre de 1936            

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                   Convocatoria para la formación del Comité Agrícola Local de Villacarrillo

 El artículo 2º, establecía como función principal, procurar que las tierras fuesen cultivadas de forma adecuada para procurar la máxima producción.

El incumplimiento de las normas fijadas por el Comité Local, podría suponer, como se preceptúa en su artículo 4º, el levantamiento del cultivador de la tierra cultivada, en cuyo caso, dicha tierra será entregada a organizaciones de obreros agrícolas o campesinos, según los casos, para que no sufran interrupción las faenas y trabajos a realizar sobre la finca en explotación.

La reincidencia en la falta será castigada:

Si es propietario de la tierra, con la anulación del derecho de propiedad  y transmisión del mismo al Municipio de su emplazamiento; y si es colono, arrendatario o aparcero, con la prohibición absoluta, por manifiesta incapacidad disciplinaria del derecho de cultivar tierras en el territorio de la República.

 Incautación de fincas urbanas.

 El día 1 de Agosto de 1.936, el Alcalde Diego Marín, reincorporado a su cargo de Alcalde, firma el decreto siguiente:

Cumpliendo lo ordenado en el Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de fecha 27 de Julio Anterior, tengo a bien disponer se proceda a la ocupación de los edificios y material que en los mismos exista, haciendo el oportuno inventario de todo, en armonía con lo referido Decreto y cumpliendo en todas sus partes cuanto en el mismo se ordena”. Firmado, Diego Marín.

En base a este decreto se incautan la escuela de niños Ave María en la calle Antonio de la Torre y  la de niñas Cristóbal Colon, en la calle Cristóbal Ruiz (de las monjas) de esta población.

Para darle carácter legal a la incautación de las fincas urbanas el Ministerio de Hacienda publica el Decreto de de 27 de Septiembre de 1936, (Gaceta de Madrid, 29 de septiembre de 1936). Incautación de fincas urbanas.

Este Decreto, expone las razones que llevaron al Gobierno a tomar las medidas de incautación de fincas urbanas, haciendo hincapié en el abandono de estas  por sus propietarios y administradores, con el consiguiente perjuicio a los inquilinos a la conservación de las fincas, y sobre todo a los ingresos de la hacienda del Estado, tan necesaria de incrementarlos en las aquellas  circunstancias.

En su articulado se recogen los siguientes puntos;

1º.- Se consideran propiedad del Estado las fincas urbanas cuyos propietarios hayan sido considerados por fallo de los Tribunales de Justicia, en que se les declare responsables de haber intervenido en el movimiento sedicioso o cooperado al mismo, o los que existan suficientes indicios.

 La apreciación de tales circunstancias, será determinada por la “Junta de Fincas Urbanas Incautadas”, que se constituirá en cada capital de provincia, presidida por el Delegado de Hacienda y compuesta por representantes de los partidos políticos del  Frente Popular y de organizaciones sindicales. Las fincas urbanas incautadas con carácter definitivo pasaran a integrar el inventario de las “Administraciones de Propiedades”.

2º.- Las Administraciones de Propiedades incautaran  de manera provisional las fincas urbanas pertenecientes a personas que se hallen detenidas por motivo de la rebelión; las que se encuentren ausentes voluntariamente sin haber nombrado un representante legal, o hubiesen abandonado el cuidado y gestión de tales fincas.

Este carácter provisional de la incautación, concluirá, bien elevándose a definitiva según el artículo 1º, o bien procediéndose a su devolución, lo cual  da un rango de legalidad a las incautaciones.

3º.- Los propietarios o administradores de todas las fincas urbanas, y en su defecto, los porteros o los propios interinos, tienen la obligación de presentarse en la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial, para hacer declaración en la forma y plazo establecido, del nombre del propietario de la finca, renta del inmueble y datos que se consideren oportunos.

4º.- Los edificios incautados por organizaciones afectas al Frente Popular y organismos sindicales, serán puestas a disposición del Estado por dichas organizaciones, entregando toda la documentación, así como rindiendo cuentas en las Administraciones de Propiedades de las capitales de provincia, y por medio de las Alcaldías en los pueblos.

.- El producto líquido que resulte de la administración de las fincas urbanas incautadas, se ingresará mensualmente en las dependencias de Hacienda del Estado.

A partir de esa fecha, hay un amplio cuerpo legislativo que desarrolla todo lo concerniente a la rebaja de rentas, a que inmuebles afecta y a cuales no, así como a la constitución de las “Juntas de Fincas Urbanas Incautadas”, legislación que aparece publicada en la “Gaceta de Madrid”[4].

Sin embargo, hay que señalar que entes de  la publicación de este Decreto de 27 de septiembre, Ya el día dieciocho del mismo mes, se da cuenta en el Pleno Municipal, de la incautación del edificio nº 20 de la Avenida de 14 de Abril[5], -hoy Casa de la Cultura- propiedad de los hijos de D. Manuel Benavides España, Carlos, Manuel y Fernando Benavides García de Zúñiga, los cuales eran jefes del Centro Tradicionalista de esta ciudad; y teniendo en cuenta lo pequeño que es el actual Ayuntamiento, se acuerda trasladar el mismo al edificio incautado.

El día 3 de marzo de 1937, en sesión extraordinaria del Pleno Municipal:

Dada cuenta de la disposición publicada en el Boletín Oficial de la Provincia numero cuarenta y ocho, sobre incautaciones de fincas urbanas, se acuerda por unanimidad, proceder en su consecuencia y que la Comisión Municipal de Incautaciones sea quien las haga en nombre del Consejo Municipal; y una vez sean aprobadas por la superioridad, solicitar del Gobierno, sean cedidas a este Consejo Municipal, para que este abone al estado el importe de la Contribución, y puestas en alquiler las que no precise para sus servicios, dando a los inquilinos el máximo de ventajas dentro de la legislación vigente.

 La incautación comprenderá todas las fincas urbanas del casco y de los anejos, que no se hallen habitadas por sus dueños y estos hayan sido declarados como favorecedores directa o indirectamente, por la Junta Calificadora Local, que se creó en armonía con el Decreto de siete de Octubre de mil novecientos treinta y seis.

 Así mismo, se acuerda la incautación de la farmacia que fue de D. Antonio del Real, que se haga un inventario, y teniendo en cuenta que se halla suspendida por resolución Ministerial la aplicación de la Ley de Coordinación Sanitaria, crear a base de lo que exista en la farmacia dicha, una farmacia municipal, al frente de la cual estará el farmacéutico titular D. Vicente Jiménez.

Otros edificios incautados en distintas fechas son: D. Antonio Gallego,  D. Gerardo Pastor, D. Pedro Lorite, Dª Agustina Régil, D. Cristóbal Millán, D.  Juan Rodríguez Avial, Sres de Villavicencio, Dª Pilar García de Zúñiga, D. Ángel Pellón, Señoritas Serrano Sanmartín,….

SL2.