LA REFORMA AGRÁRIA Y EL PROYECTO COLECTIVIZADOR EN VILLACARRILLO. (Segunda parte)

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DISCUSIÓN DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA EN LAS CORTES

En mayo de 1931, descartada por el Gobierno Provisional la posibilidad de realizar la Reforma Agraria por decreto, se nombró una Comisión Técnica a fin de que preparase el proyecto de ley para someterlo a las Cortes.

El dictamen de la comisión fue presentado al Gobierno Provisional el 20 de julio de 1931. Se trataba de un proyecto de gran lucidez. En él coexistían profundidad y simplicidad, en la búsqueda de soluciones que no implicasen largas tramitaciones ni dificultades financieras insalvables.

Podemos resumirlo en los puntos siguientes;

  1. Limitación de la reforma a las zonas de latifundio, donde los problemas – incluido el muy grave del paro estacional – eran mayores. (caso de Extremadura y la Mancha).
  2. No expropiación, sino ocupación temporal de las tierras, para proceder de inmediato a su cesión a los campesinos en forma de arrendamiento con pago de rentas bajas. Evitando así enojosas expropiaciones y combinaba el mantenimiento de la nuda propiedad a favor del terrateniente con la posesión con todas las consecuencias funcionales, y de forma prácticamente indefinida por el campesino.
  3. Principio de no discriminación en cuanto a las propiedades afectadas por la reforma. Podrían ser forzadas al arrendamiento los excesos de propiedades por encima de las 300 hectáreas de tierra cerealista o su equivalencia, o de más de 10.000 pesetas de líquido imponible por el propietario, considerando sus dominios a nivel nacional.
  4. Las tierras ocupadas temporalmente podrían ser explotadas en parcelas individuales o de forma colectiva, según el deseo que libremente expresan los campesinos asentados.
  5. Como meta de lo posible, la comisión técnica proponía el asentamiento de 60.000 a 75.000 campesinos por año, con un margen en función de los recursos disponibles para conceder ayudas a los asentamientos.

Este proyecto no salió adelante por la reacción de los grandes propietarios y sus órganos de prensa que lo calificaron de bolchevique, estos, fundaron en el mes de julio de 1931 la “Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas” y por supuesto el Partido Agrario de Martínez de Velasco, fuertemente implantado en Villacarrillo del que fue su presidente D. Manuel Benavides España. Los radicales y republicanos conservadores atacaron duramente el proyecto por estimarlo muy avanzado, en tanto que el PSOE consideraba que no satisfacía sus aspiraciones. Por todo ello, el proyecto pasó al presidente del gobierno Alcalá Zamora, quien haciendo de árbitro se ocupó de reelaborarlo.

El nuevo proyecto fue presentado a las Cortes el 25 de agosto de 1931. Las transformaciones introducidas daban un nuevo giro a la cuestión. La reforma se limitaba a tres clases de tierras: zonas de regadío no puestas en riego; tierras sistemáticamente en arrendamiento; y tierras de la nobleza procedentes de la usurpación que hicieron en 1811 al suprimirse los señoríos jurisdiccionales.

Por otra parte, en vez del sistema de ocupaciones temporales se pasaba al de expropiación con indemnizaciones (en efectivo hasta 500.000 pesetas y con deuda pública el resto), salvo en el caso de determinadas tierras de nobleza en que procedía a la confiscación.

Se mantenía la meta de 60.000 a 75.000 campesinos asentados por año.

La discusión de este proyecto, fue muy intensa y por presión de republicanos de izquierda y de los socialistas, las enmiendas fueron acercando el proyecto al primitivo texto de la comisión técnica, hasta el punto de que fue por entonces cuando Alcalá  Zamora – que no olvidemos que era latifundista – empezó a pensar en dimitir del gobierno por el giro que tomaban las cosas; Aunque a efectos formales fue la aprobación del artículo 26 de la Constitución sobre relaciones Iglesia-Estado lo que le hizo dimitir el 14 de octubre.

Por las disensiones dentro del gobierno, se demoró la discusión de la reforma agraria.

El 26 de noviembre se presentó de nuevo el proyecto de ley para su discusión.

Los ataques más duros – desde la primera presentación – provinieron del Partido Radical, que empezaba a dar muestras de fatiga por su colaboración con el PSOE en el seno del gobierno.

Lerroux forcejeaba para conseguir que el presidente del gobierno Manuel Azaña redujese la presencia de socialistas en su gabinete, pero Azaña en vez de oír a los radicales, se inclinó del lado del PSOE, de este modo, el nuevo gobierno de Azaña que se formó el 14 de diciembre de 1931, al constituirse las cortes ordinarias, Lerroux y su partido dejaron de estar presentes en el gobierno, originando la escisión más importante en el frente republicano.

Al preparar Azaña su programa legislativo para el siguiente año de 1932, no dejó de incluir el proyecto de reforma agraria. En este su segundo gobierno, transformó el Ministerio de Economía en Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, del cual se hizo cargo el radical-socialista Marcelino Domingo, partidario de dar tiempo al tiempo demorando la presentación del nuevo proyecto de reforma agraria, que finalmente y por tercera vez, llegó a las Cortes el 24 de mayo de 1932.

Esta tercera versión era más moderada que la segunda, al objeto de hacer posible su aceptación por las oposiciones, que en cierto modo se habían visto potenciadas por la salida de Lerroux del consejo de ministros, por tanto, no fue extraño que las discusiones parlamentarias se prolongaran durante cuatro meses, con intervenciones que rayaban lo absurdo. Todo lo cual contribuye a realzar la trascendencia del tema, hasta que en 1936 fue una de las cuestiones irresueltas. Reiteradamente había que volver sobre la ley de reforma, para transfigurarla en función de las fuerzas dominantes en cada momento.

La discusión habría sido más larga, e incluso esterilizada por el Partido Agrario, de no haberse producido la insurrección militar de Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932 en Sevilla; este hecho, volvió a unir los sentimientos de los republicanos y socialistas al nivel del 14 de abril de 1931. Esta circunstancia hizo que Azaña interviniera personalmente en las Cortes del 16 de agosto de 1932, en la que resolvió el conflictivo asunto de la expropiación sin indemnización de las tierras de la grandeza de España y de todas las procedentes de los antiguos señoríos jurisdiccionales. Finalmente, el 9 de septiembre de 1932 se sometía a votación el conjunto del articulado, que se aprobó por 318 votos contra 19.

Esta ley estuvo en vigor desde la fecha de su publicación 21 de septiembre de 1932 hasta el 31 de diciembre de 1934. Durante este periodo, todo fueron trabas burocráticas dada la complejidad de la Ley, dejaba a las comunidades de campesinos la decisión de si la reforma había de tener un carácter individualista o colectivo, la tardanza en organizar el IRA, que no se organizó hasta la segunda mitad de 1933, sin olvidar la depresión económica mundial y la ineptitud de algunos junto a la resistencia de los propietarios,  fue creando un clima de enfrentamientos que impidieron llevar a cabo los objetivos de la reforma.

Para hacernos una idea de incumplimiento de los objetivos durante este periodo, sólo basta con visualizar el dato que aporta el Instituto de Reforma Agraria.

Expropiaciones:                                       Ocupaciones:  Total:

Nº de fincas               468                               61                   529

Extensión en Ha.  89.133                        27.704             117.837

Nº de asentados     8.609                          3.651              12.260

Lo realizado no correspondió a las esperanzas que los campesinos habían puesto en la aplicación de la Ley, que había previsto asentar un mínimo de 60.000 campesinos anualmente.

Puede además añadirse que, cuando la reforma comenzaba a realizarse, después del inevitable tiempo empleado en su preparación, en 1933 quedó casi totalmente paralizada por el resultado de las elecciones de noviembre de 1933, que dieron el triunfo a la coalición de los Radicales-CEDA. Más tarde, como consecuencia de la revolución de octubre de 1934[1], la reforma quedo “de facto” en suspendo, pues desde entonces no se realizaron más expropiaciones.

Con la caída del gobierno Azaña en septiembre de 1933, que había de dar paso al primer gabinete de Lerroux, la política agraria de la República inició paulatinamente su cambio de signo, hasta hacerse –en julio de 1935- descaradamente contraria a los propósitos fijados en la ley de 1932.

Durante los gobiernos de Lerroux, el IRA siguió ocupando tierras, el relativo progreso de la reforma se debió también al hecho de que hasta octubre de 1934 se mantuvo la presión de los socialistas en las Cortes y el propio IRA.

Después de la entrada de los hombres de la CEDA en el gobierno, con ocasión del tercer gabinete de Lerroux (4 de octubre de 1934), la violenta reacción que se produjo por parte de los socialistas, empezó a cambiarlo todo. La cartera de Agricultura recayó en el cedista Manuel Giménez Fernández, hombre fundamentalmente bueno y más sinceramente republicano y progresista dentro de su partido.

La obra de este ministro duró tan sólo ocho meses –hasta mayo de 1935- esta obra puede resumirse en tres disposiciones: ley de 21 de diciembre de 1934 sobre los yunteros de Extremadura, decreto de 9 de enero de 1935 sobre aplicación de la base 9ª de la ley de 1932, y ley de arrendamientos rústicos de 15 de marzo de 1935. Esta última fue la que provocó mayores problemas para su aprobación. Básicamente lo que perseguía era la actualización de la del anterior ministro Del Río, según el cual los arrendatarios tendrían derecho a exigir a los propietarios la venta de sus tierras después de doce años de arrendamiento ininterrumpido. La oposición más fuerte vino de los tradicionalistas, pero incluso de los propios cedistas que atacaron el proyecto, hasta el punto de eliminar el artículo referente a el acceso de los arrendatarios  a la propiedad; al tiempo que redujeron de seis a cuatro años el plazo mínimo de los arrendamientos y que suprimieron de “facto” la posibilidad de ejercitar los derechos de tanteo y retracto. De este modo, el resultado final, la Ley de 15 de marzo de 1935, fue una gran decepción.

El seis de mayo de 1935 y hasta finales de año el Ministerio de Agricultura fue dirigido por Nicasio Velayos y Velayos, miembro del Partido Agrario y muy vinculado a la CEDA, presentó a principios de mayo un proyecto de revisión de la ley de 9 de septiembre de 1932. Con un Parlamento del que se habían retirado los socialistas, el proyecto tropezó desde el principio con varias diatribas, pero con escasa oposición cuantitativa.

El proyecto se elevó a ley el 1 de agosto de 1935. Suponía una autentica contrarreforma agraria dentro de la República. En primer término, se establecieron fuertes excepciones a la relación de tierras expropiables que figuraban en la base 5ª de la ley de 1932; lo que virtualmente venía a significar la reducción sustancial del área de tierras expropiables. Entre esas excepciones, las más importantes fueron las tierras situadas a menos de dos kilómetros de los pueblos, sobre las que los socialistas habían tenido un mayor interés, para satisfacer con ellas las ansias de los campesinos individualistas, lo que habría permitido crear explotaciones colectivas en las tierras más alejadas de los pueblos.

Por otra parte, se suprimió el inventario de fincas expropiables, que era la base del trabajo del IRA. Se derogaron además las expropiaciones sin indemnización de los señoríos y de las tierras de la grandeza, y se anularon las ya realizadas.

La ley de 1935 venía a representar una gran lentitud en la realización de la reforma que casi venía a desistir de ella.

Los únicos preceptos positivos fueron la facultad de expropiación forzosa, previa declaración de “utilidad social”, y la creación de los “patrimonios familiares insecuestrables”  ya previstos en el artículo 47 de la Constitución. Especialmente fue importante la expropiación por razones de “utilidad social” que, por su amplia discrecionalidad a efectos de interpretación, habría de ser la base de la mayor superficie de expropiaciones y ocupaciones de tierra por el IRA durante los cinco meses del gobierno del Frente Popular.

La contra reforma tuvo escasa vigencia, los escándalos del ”Straperlo” y el asunto “Taya-Nombela” precipitaron la crisis de la coalición CEDA-Lerroux.

A los pocos meses se producirían las elecciones de febrero de 1936 y la tragedia de la guerra civil.

[1] Salieron del Gobierno los socialistas y entró la CEDA.

BIBLIOGRAFÍA

Archivo Histórico Municipal de Villacarrillo.

Antonio Mechán, “El Proyecto de Reforma Agraria de la Comisión Técnica Agraria de 1931”

Archivo Histórico Nacional.

Aurora Bosch, Ugetistas y Libertários.Guerra Civil y revolución en el País Valenciano, 1936-1939, Instituto Alfonso el Magnánimo, Valencia 1983, p.372                                                                                   

Boletín Oficial de la Provincia de Jaén

Centro de estudios de Castilla -La Mancha.

  1. Malefakis, “Reforma Agraria

Evellin Dillge Mischun, “La Política Agraria de los Gobiernos Republicanos del Primer Bienio”.

Francisco Ruiz Sánchez ,“El proceso Colectivizador en Huelma durante la 2ª República”.

Frank Mintz, La autogestión en la España revolucionaria, La Piqueta, Madrid 1977, p.153-164.  

Fundación Pablo Iglesias

Gaceta de Madrid

Historia de la UGT.

  1. M. Santacreu Soler, “Legislación y comercio exterior en la España republicana. 1936-1938”,

Luis Garrido González, “Colectividades Agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1936)

Manuel Azaña, Diarios 1932-1933. “Los cuadernos Robados

Manuel Vicent Balaguer; “Revista de estudios Libertarios nº 9”.

Ramón Tamames, “Historia de España Alfaguara VII”, “La República

Rosa Sepúlveda. Incautaciones de fincas urbanas en Albacete durante la guerra civil .