LA REFORMA AGRARIA Y EL PROYECTO DE COLECTIVIZADOR EN VILLACARRILLO.(IV). Expropiaciones.

                                 fachada ayuntamiento

Decreto de siete de Octubre de 1936,  Gaceta de Madrid nº 282.

Este decreto  de 7 de octubre de 1936, es el que va a presidir la actuación gubernamental hasta mediados de junio de 1937; se trata de un decreto para la “expropiación y entrega a los campesinos de la tierra de los facciosos”. La intervención temporal, dictada por el Gobierno Giral para las tierras abandonadas, ahora era sustituida por una expropiación sin indemnización de todas las tierras propiedad de aquellas personas naturales, cónyuges y jurídicas, que se hubiesen implicado en el movimiento subversivo contra la República.

La calificación como fascistas de los implicados, debía ser formalizada a partir de la declaración pertinente de las Juntas Calificadoras Municipales integradas por representantes del municipio, Frente Popular,  Organizaciones Obreras y de los pequeños propietarios y colonos.

El expediente abierto se tramitaría a la Junta Calificadora Provincial, la cual a su vez, lo remitiría al Ministerio de Agricultura por medio del IRA.

Por otro lado, la propiedad de las tierras expropiadas la detenta el Estado, el cual las cedía en usufructo a perpetuidad a las organizaciones campesinas del municipio, para su cultivo individual o colectivo[1].

 El decreto de 7 de octubre, viene a decretar lo siguiente:

Articulo 1º.- Se acuerda la expropiación, sin indemnización y a favor del Estado, de las fincas rusticas, cualquiera que sea su extensión y aprovechamiento, pertenecientes en 18 de julio a personas naturales o a sus conyugues y a las personas  jurídicas que hayan intervenido de manera directa o indirecta en el movimiento insurreccional contra la II República.

Articulo 2º.- Para la determinación de las personas incursas en las medidas que se reseñan en el artículo anterior, se reunirá, en cada término municipal, una Junta Calificadora, integrada por el Ayuntamiento, el Comité del Frente Popular y una representación de cada una de las organizaciones sindicales de obreros del campo y agrupaciones de pequeños cultivadores y colonos, legalmente constituidos. Dicha Junta formara la relación de propietarios que, por haber prestado su colaboración en cualquier forma al movimiento subversivo, su ayuda con recursos en moneda o especie, auxilios, confidencias o simple resistencia o desobediencia a las disposiciones o acuerdos del Gabinete legítimo de la República, deben ser calificados como enemigos del régimen y comprendidos en el grupo de insurrectos  a que se contrae el artículo primero.

Estas relaciones, con la propuesta razonada para cada inclusión, serán elevadas a la Junta provincial y, con el informe de la misma, transmitidas al Gobierno; quien dará estado oficial en la Gaceta de Madrid a los nombres de las personas que definitivamente deban ser clasificadas.

Las Juntas Provinciales calificadoras tendrán análoga constitución que las Juntas Municipales antes citadas, siendo presididas por un delegado del Ministerio de Agricultura, nombrado entre los Jefes de de los Servicios Provinciales dependientes de dicho Ministerio, e intervendrán resolviendo en primera instancia las incidencias y cuestiones de competencia que se ofrezcan en la aplicación de este Decreto.

Contra la declaración de insurrecto,  a que se contrae este artículo, cabrá un recurso, al solo efecto de rectificación de conceptos ante el Ministerio de Agricultura previo informe de las Juntas Municipales y Provinciales correspondientes.

Articulo 3º.-  A los efectos de este Decreto, se consideraran como bienes rústicos los que figuren como tales en el Registro de la Propiedad, las industrias rurales, con sus útiles y edificios; los montes, las tierras de pasto y cotos de aplicaciones industriales o deportivas, y las fincas de recreo que tengan arbolado, matorrales, huertas, jardines o praderas que exijan atenciones agrícolas, aunque el valor de las edificaciones sea predominante en el total de la finca.

Artículo 4º.- El uso y disfrute de las fincas rústicas expropiadas según el artículo primero, se dará a los braceros y campesinos del término municipal de su emplazamiento o de los colindantes, según los casos, con sujeción a las siguientes normas:

  1. a) Cuando la explotación de la finca se llevara directamente por el interesado o por medio de encargados o administradores, o cuando se explote en régimen de gran arrendamiento, será entregada en usufructo a perpetuidad, en tanto se les dé por los sufructuários y sus descendientes el destino agrícola adecuado, a las organizaciones de obreros agrícolas y de campesinos perfectamente definidas como tales. En defecto de dichas organizaciones se entregaran a los obreros agrícolas y a los campesinos que figuren en los censos municipales correspondientes.

 En uno y otro caso, la explotación de estas fincas se hará colectiva o individualmente, según la voluntad de la mayoría de los beneficiados, mediante acuerdo tomado en asamblea, convocada al efecto.

Los técnicos del Ministerio aconsejaran y orientaran en cada caso la forma más racional del cultivo de la tierra.

 b) En el caso en que la propiedad rustica fuera llevada en régimen de arrendamiento, colonia o aparcería por agricultores que por su extensión de tierra cultivada, que no debe pasar de treinta hectáreas en secano, cinco en regadío y tres en huerta, y beneficio industrial anual calculable a su empresa agrícola, fuesen técnica y prácticamente clasificábles como pequeños cultivadores, estos y sus descendientes serán confirmados en el usufructo a perpetuidad, siempre que se mantenga por los usufructuarios la racional explotación agrícola correspondiente del lote o finca por ellos cultivada.

Sobre las tierras comprendidas en uno y otro caso, todo combatiente encuadrado en las Milicias Populares o Unidades de Voluntarios del Ejercito que este clasificado en el Ayuntamiento de su vecindad como bracero del campo, o pequeño arrendatario o propietario, según los apartados de la base 11 de la Ley de Reforma Agraria vigente, será tenido en cuenta en primer lugar para recibir, en uso a perpetuidad, una porción de tierra de labor que en lugar de su emplazamiento dé un beneficio liquido suficiente para el sustento de su familia.

Cuando los beneficiados por esta disposición pertenezcan a una organización sindical con carácter agrario, o deseen constituirla podrán reunir sus lotes para formar una explotación colectiva.

Los beneficios a que hace referencia el párrafo anterior se hará extensivo a las familias constituidas por parientes en primer grado de los fallecidos por acción de guerra, teniendo preferencia en la aplicación y siguiendo a estos los heridos e inutilizados físicamente por consecuencia de su actuación al servicio militar de la República en este periodo.

Artículo .5.- La expropiación de las tierras señaladas en el Artc. 1º, se realizará con capital fijo de explotación rural que se considere al ser y estado en que aparecía, y en cuanto sea dable en la fecha del 18 de julio del año en curso antes mencionada.

Artículo . 6º.- El Instituto de Reforma Agraria, que será el órgano de enlace y tutelar de las fincas expropiadas, según los preceptos de este Decreto, procederá a redactar los adecuados planes de explotación y dotará a los beneficiarios de medios económicos, así como de aperos, semillas, abonos y demás elementos de capital circulante requeridos por los cultivos, para un periodo de dos años agrícolas, contados a partir de la incautación y entrega a los beneficiados; procurando alcanzar la mayor eficacia en la intensificación de esos cultivos por medio de los servicios del Banco de Crédito Agrícola, que se creara a tal efecto. Una reglamentación complementaria proveerá a la ordenación de esta propiedad y en aquella se fijara el canon de los usufructuarios de la tierra nacionalizada habrán de pagar al Estado.

Artículo  7.- Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto por este Decreto, del cual se dará oportuna cuenta a las Cortes.

Artículo transitorio. Este Decreto se aplicara a los términos municipales de todo el territorio nacional, poniéndose en vigor en las zonas que se hallan bajo el dominio de los elementos rebeldes en cuanto estas sean sometidas al gobierno de la República.

Manuel Azaña; el Ministro de Agricultura, Vicente Uribe Galdeano.

Este Decreto que firmó Uribe, marca un antes y un después en el proceso de expropiación, es decir en el cambio de titularidad en la propiedad de la tierra.

Hasta entonces, la expropiación se había reducido a los encartados por el golpe de Sanjurjo de 1933, y con incidencia limitada.

Es cierto que con el Frente Popular, se intensificó la reforma, pero lo hizo mediante la ocupación de tierras por las que se pagaba una renta; aunque era inevitable la incertidumbre creada por la Ley de Reforma Agraria y su temido inventario. El gran propietario español, tenía en julio de 1936, las mismas hectáreas que en abril de 1936[2].

En virtud de este Decreto, en Villacarrillo, se crea la Junta Calificadora, que estaba formada por las siguientes personas:

Diego Marín González.-                                Presidente de la Junta

osé Moreno Marín.-                                      Por el Ayuntamiento

Joaquín Martínez Salido.-                              Por el Ayuntamiento

José Moreno Hueso.-                                     Por el Ayuntamiento

Juan Ballesteros Garvín.-                               Por el Ayuntamiento

Ramón García Lozano                                   Por el Ayuntamiento

Blas Martínez de la Torre                               Por el Ayuntamiento

Enrique Rojo Hueso                                      Por el Frente Popular

José Mondejar Luz                                        Por el Frente Popular

Ramón Fallas Carreño                                   Por el Frente Popular

Antonio Muñoz Cayuelas                              Por el Frente Popular

Juan García Mascullán                                   Por el Frente Popular

José Fernández García                                   Por el Frente Popular

Francisco Martínez Félix                               Por UGT

Gonzalo Fernández “Patarreta”                     Por CNT

Pascual Moreno Jorquera                               Por el Frente Popular

Juan Marín Cruz                                            Representante de arrendamientos

[1] Fuente; Historia de la UGT, Un sindicalismo de guerra 1936-1939. Pere Gabriel

[2] Pág. 392.-  (La explotación agraria de la segunda República (1931-1939).- Ricardo Robledo, Salustiano de Dios, Javier Infante y Eugénia Torrijano.

SL2.